El martes supimos que un nuevo banco de sangre, esta vez del hospital San Borja, acumula más de 100 casos de personas con VIH que no han sido notificadas de su enfermedad y que por lo tanto no pueden someterse a los tratamientos que garantiza el Estado ni tampoco tomar las prevenciones para evitar el contagio de otros. Hoy nos enteramos que le problema es todavía más extenso y que se reproduce a lo largo de Chile, incluyendo bancos de sangre de instituciones privadas.
Aún cuando esta nueva falla en nada minimiza las anteriores, puede haber llegado el momento de preguntarse si no estamos ante una falla de sistema. Es decir, que a las eventuales negligencias se agrega un profundo problema de procedimientos.
El lunes pasado fui a donar sangre a la Clínica Las Condes, probablemente uno de los centros de salud con mejor infraestructura y prácticas de Chile, y en el que el factor recursos definitivamente no juega.
Mi conclusión es que la información personal que pide el banco de sangre, de acuerdo al procedimiento estándar que emplea, no es suficiente.
Al entrar me pidieron mi carnet de identidad, con el que crearon un formulario de donación. Luego me preguntaron por mi dirección y mi teléfono celular.
Es cierto que se tomaron la molestia de mostrarme la hoja impresa para que verificara que los datos estaban bien registrados, que me hicieron, con una muy divertida delicadeza, todas esas preguntas sobre la vida sexual, y que en el documento que firmé acepté ser contactado en caso de que mi sangre presentara rastros de algún virus contagioso y que, apenas me sacaron la aguja, me entregaron un formulario de "autoexclusión" en el que podía declarar, anónimamente, por última vez, que mejor no usaran mi sangre.
Pero ninguno de esos procedimientos garantiza el indispensable equilibrio entre mantener el anonimato y notificar a tiempo y con dignidad a quien pueda ser portador de VIH. Podría haber dado cualquier dirección o cualquier teléfono, y la decisión de facilitar el proceso dependió siempre y exclusivamente de mi.
El punto es que donar sangre, si bien es un acto voluntario, también supone una cierta responsabilidad ciudadana. No sólo respecto de la idoneidad de los 500 ml que me sacaron, sino también de las consecuencias de someterse al examen.
Y como es una responsabilidad, es legítimo que me exijan un poco más. Por ejemplo, que tenga que pedir una hora a través de un formulario web o un call-center y completar mis datos personales, para que alguien pueda contactarme de vuelta y verificar que hay un canal que funciona para ubicarme si es necesario.
Ok, no es una gran idea, pero sin ser un experto en epidemiología y enfermedades contagiosas, salta a la vista que si algo falta aquí es VIH: voluntad de innovación humana. No se trata de cómo tapar las grietas del sistema, sino de pensarlo totalmente de nuevo, con la tecnología y las prácticas disponibles hoy. Lo puede hacer el ministro Erazo, con una comisión ad-hoc, o lo podemos hacer 2.0, preguntándole al mercado de las ideas en Chile cómo hacerlo, considerando todas los ángulos que aquí se me escapan.
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Mientras escribo esto leo La Segunda de hoy, con el testimonio de un tipo de 28 años de Puerto Montt al que llegaron a notificar en una ambulancia a la empresa en que trabajaba, y le pidieron a su jefe citarlo a una oficina. Resultado: fue despedido.
Pregunta: ¿Dado que el proceso de notificación es complejo y debe garantizar la dignidad de las personas, tiene sentido que la responsabilidad recaiga en cada pobre pero honrado banco de sangre de Chile? ¿No sería mejor constituir una unidad especializada, que genere un procedimiento estándar, que garantice la confidencialidad pero que convoque a los afectados a tratarse y a cuidarse y que pueda ser evaluada año a año en función de metas? ¿Cómo lo hacen los países de la OCDE o California?
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